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Cumplimos un año del confinamiento suscitado por la pandemia de COVID-19. Además del reajuste que tuvimos que hacer a nuestra cotidianidad, también pudimos comprobar que la violencia contra las mujeres no se interrumpió con las medidas de aislamiento. También advertimos que la movilización en contra de esta problemática se adaptó a las circunstancias y continuó en los espacios virtuales. Entonces, resulta oportuno recordar al #MeToo, un movimiento de sacudida política que surgió en redes sociales y que permitió romper el silencio a miles de personas respecto de violencias sufridas en el día a día que permanecían ocultas o normalizadas y, por ende, en la impunidad.

Cuando pensamos en el #MeToo quizás recordamos la campaña que inició la activista Tarana Burke en el 2006 para ayudar a mujeres de color que habían sido víctimas de algún tipo de agresión sexual a formar comunidades y redes de apoyo mediante la utilización de la frase “Me Too” (Leung & Williams, 2019). Algunas lo asociamos con el hashtag que creó Alyssa Milano en Twitter para denunciar las agresiones del productor cinematográfico Harvey Weinstein en el 2016. Otras pensamos en la versión nacional de ese mismo movimiento que estalló en marzo de 2019 con el hashtag #MeTooEscritoresMexicanos el cual posteriormente se convirtió en una cuenta de Twitter a la cual se le unieron otras distintivas para cada gremio o institución que sirvieron como foro para que las mujeres que los integraban expusieran a sus acosadores.

Es dable afirmar que el acoso es la forma más frecuente en la que las mujeres, niñas y adolescentes experimentan la violencia de género. Éste adopta múltiples formas -sexual, laboral, escolar, por internet, etc.- y se genera por las interacciones humanas estructuradas como relaciones de poder (Santamaría, 2019) en las cuales alguien se siente con el derecho de transgredir la intimidad e integridad de otra persona simplemente porque puede hacerlo. 

El #MeToo ha sido la forma más utilizada de canalización de denuncias de acoso y hostigamiento sexual en redes sociodigitales, mismas que se han convertido en una extensión del espacio público contemporáneo. Su impacto es inconmensurable. Catharine MacKinnon sostiene que este movimiento es el hito más importante en la lucha por los derechos humanos de las mujeres desde la consecución del voto femenino (Public Affairs, UC Berkeley, 2019). MacKinnon (2018) también señala que la movilización masiva en contra del abuso sexual, a través de una ola sin precedentes de víctimas alzando la voz en medios convencionales y redes sociales, ha erosionado las dos más grandes barreras para erradicar el acoso sexual de la ley y de la vida diaria: la incredulidad ante las denuncias y la deshumanización de quienes lo sufren.

El #MeToo también demostró que tener al acoso comprendido en ordenamientos sancionadores no es suficiente porque la descripción contenida en dichos preceptos no alcanza a abarcar el amplísimo catálogo de conductas lesivas, sexistas y violentas que las mujeres enfrentan diariamente. Además de que en este mundo patriarcal aún existe mucha resistencia por parte de las autoridades por reconocer a estas formas de violencia como algo digno de reproche. Así, pretender erradicarlas a partir de la utilización de un recurso preestablecido en un aparato formal “legítimo” resulta, cuando menos, complicado. 

Asimismo, el #MeToo evidenció que, en la mayoría de los casos, cuando la víctima optaba por recurrir a una instancia institucional era revictimizada o ignorada porque este tipo de denuncias no se abordan desde la perspectiva de género ni con un enfoque de derechos humanos. Cabe anotar que en el Amparo Directo en Revisión 8287/2018, resuelto el 25 de noviembre de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apuntó que “ante la falta de mecanismos y procesos eficaces para denunciar un hecho de abuso sexual, es la vía pública el único foro disponible para que la presunta víctima pueda hacer valer sus manifestaciones y defensas, lo que además cobra relevancia en tanto la democracia exige un alto grado de tolerancia al pluralismo”.

Es indispensable recordar que el acoso y hostigamiento sexual constituyen una violación de derechos humanos. En este orden, existe una obligación para los Estados de tomar medidas para prevenir, erradicar y sancionar este tipo de violencia por lo que deben actuar, como mínimo, con la debida diligencia para atender acciones u omisiones cometidas tanto por agentes estatales o personas privadas y asegurar en la medida de lo posible que las personas afectadas participen en los procesos de toma de decisiones que aborden esta temática (Duramy, 2020).

Delimitar al acoso y al hostigamiento sexual como violaciones a derechos humanos nos invita a acoplarnos a los nuevos estándares feministas que desenmascaran actos violentos que antes se hacían pasar por formas de seducción o cortejo socialmente aceptadas (Reverter, 2020, p. 62).  

Desde el Derecho, podemos inferir que estos reclamos han sido escuchados y se han encausado en la creación de diversos instrumentos encaminados expresamente a la erradicación de esta forma de violencia tales como diversos protocolos institucionales o más recientemente el Convenio Núm. 190 sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo de 2019.

Quizás aún es muy temprano para medir la incidencia del #MeToo en las estructuras de poder actuales. Sin embargo, es indudable que el tema del acoso sigue puesto sobre la mesa y que los esfuerzos por extinguirlo seguirán latentes. 

Referencias

Duramy, B. F. (2020). #MeToo and the Pursuit of Women’s International Human Rights. GGU Law Digital Commons. Recuperado de https://digitalcommons.law.ggu.edu 

Leung, R., & Williams, R. (2019). #MeToo and Intersectionality: An Examination of the #MeToo Movement Through the R. Kelly Scandal. Journal of Communication Inquiry, 43(4), 349–371.

MacKinnon, C. A. (2018, 4 febrero). #MeToo Has Done What the Law Could Not. The New York Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/2018/02/04/opinion/metoo-law-legal-system.html

Public Affairs, UC Berkeley. (2019, 7 de junio). Berkeley Talks transcript: Feminist legal scholar Catharine MacKinnon on the butterfly politics of #MeToo, Berkeley News. Recuperado el 11 de octubre de 2019 de https://news.berkeley.edu/2019/06/07/berkeley-talks-transcript-catharine-mackinnon-metoo-conference/

Reverter, S., & Medina-Vicent, M. (2020). El feminismo en 35 hashtags. Madrid, España: Catarata.

Santamaría, K. (2019). Apuntes sobre el tema de acoso. En M. López (Ed.), rostros en la oscuridad ACOSO (pp. 9–10). Ciudad de México, México: Rostros en la oscuridad.

Cada vez es más común que, a la hora de relacionarnos con empresas para hacer negocios y/o consumir los productos y servicios que ofrecen, consideremos como factor determinante si cuentan con prácticas corporativas en materia de integridad, pero ¿sabemos cómo reconocerlas e identificar los beneficios?

El modelo en el que las compañías ofrecen, como única carta de presentación para realizar cualquier transacción o negocio, operar con apego a obligaciones estrictamente legales o regulatorias ha quedado en el pasado. Competir bajo estas condiciones es casi inaceptable en el mercado global actual, donde las exigencias son cada vez mayores para migrar a un entorno de transparencia y responsabilidad empresarial efectiva, a través del parámetro de la integridad.

Se consideran como íntegras a las compañías que no solo definen los valores y principios que los representan, sino que los viven de manera coherente a través de su operación cotidiana y relación con agentes externos y partes interesadas. Actualmente existen diversos mecanismos vinculados al cumplimiento de este principio a los que las empresas pueden acceder, tales como obtener el reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable, llevar a cabo la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance en diversas materias, certificarse como empresas incluyentes, suscribir el Pacto Global de Naciones Unidas o formar parte del reciente Padrón de Integridad Empresarial impulsado por la Secretaría de la Función Pública.

Para explicarlo mejor, a continuación, se presentan cuatro de las principales manifestaciones presentes en una empresa que actúa con integridad.

1. Definir estándares éticos.

Aunque hablar de integridad corporativa es hablar de mucho más que principios éticos plasmados en un Código de Conducta, éstos también son relevantes porque representan la dirección en el rumbo de una compañía y orientan su desempeño. Los valores éticos deberán ser definidos en el marco de la operación cotidiana de cada empresa; ser socializados entre todos los niveles de empleados, colaboradores y partes relacionadas; vincularse con políticas, procedimientos y lineamientos claros sobre la identificación de conductas inapropiadas; así como robustecerse con controles y medidas reales para prevenir, detectar y responder ante cualquier incumplimiento o conducta inapropiada.

2. Impulsar la sostenibilidad corporativa.

Esta manifestación parte de reconocer a las empresas como algo más que una unidad económica productora de bienes y servicios, para adoptar el papel de ciudadanos corporativos que responden a las necesidades de la sociedad de la cual son parte, alineando sus estrategias operativas a principios globales enfocados a abordar los retos y contribuir a las soluciones que plantea la globalización. 

Para lograrlo, las empresas deben apoyar, respetar y vigilar la protección de derechos humanos; apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso y erradicación del trabajo infantil; apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo; mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente; fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental; favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente; trabajar contra la corrupción en todas sus formas; y, cumplir los objetivos globales para el desarrollo sostenible.

3. Implementar sistemas de compliance y mecanismos de debida diligencia.

Las compañías deben de contar con sistemas de gestión dirigidos a identificar y controlar las obligaciones de cumplimiento relacionadas con la normatividad a la que se encuentran sujetas, así como con los estándares de mejores prácticas del sector en el que operan. Lo anterior, a través de un enfoque basado en riesgo que permita detectar, analizar, valorar y priorizar los escenarios de riesgo a los que se encuentran expuestas durante su operación interna y relación con terceros, para establecer controles y mitigantes que los prevengan, detecten y corrijan.

Los principales campos en que actualmente se regulan estos sistemas de compliance para las compañías mexicanas son: anticorrupción, prevención del delito, lavado de dinero, protección de datos personales, ambiental, derechos humanos y diversidad e inclusión.

4. Fomentar la transparencia.

Uno de los principales beneficios de la transparencia empresarial es que genera confianza para todos los actores involucrados en el desarrollo y desempeño de una compañía, incluyendo desde los empleados, clientes, inversionistas, partes interesadas o sociedad en general, apoyándolos en la toma de decisiones relacionadas con el negocio. Se trata de comunicar públicamente la gestión y resultados de las actividades comerciales y financieras de una compañía, así como de aquellos aspectos que crean valor para la sociedad en que se desempeña. Una empresa transparente no solo es una empresa con índices más altos de confiabilidad, sino que la vuelve más competitiva, estable y atractiva en el mercado.

Después de analizar estas manifestaciones puede concluirse que, sea cual sea el tamaño, sector o contexto de las empresas, todas pueden incorporar a su modelo de negocio prácticas corporativas de integridad que reduzcan sustancialmente el número e impacto de prácticas indebidas que le puedan restar valor en términos económicos, sociales y de reputación. Además de agregarles valor en el mercado, garantizando a los clientes o inversionistas que su operación no es una bomba de tiempo en espera de explotar.

A finales del siglo XIX surgió el derecho de la competencia en Estados Unidos como una reacción en contra de las concentraciones de mercados en manos de monopolistas de industrias como la petrolera, acerera y ferrocarrilera. En 1890 surgió la Ley Sherman como contrapeso de esta realidad. Desde entonces el mundo ha seguido su desarrollo industrializador, innovador y tecnológico, al tiempo que las legislaciones de competencia han seguido evolucionando. 

En su origen, el derecho de la competencia se enfocó en los mercados tradicionales, donde se realizan transacciones de bienes físicos, a través de la interacción directa entre comerciantes y consumidores. Sin embargo, el vertiginoso desarrollo tecnológico mundial reciente ha cambiado radicalmente el terreno de juego. El internet ha transformado la dinámica de numerosos sectores a medida que la economía mundial se ha digitalizado aceleradamente. La llegada de la pandemia de COVID-19 ha intensificado la transición a la economía digital y hoy, es una parte cada vez más importante de los hábitos de consumo. Cada vez más frecuentemente, los consumidores realizan compras, transacciones bancarias, pedidos de alimentos y reservaciones de alojamientos, a través de aplicaciones digitales. 

Economía digital y sus efectos positivos

Algunas características de los mercados digitales son: (i) efectos de red, definidos como aquellos que surgen cuando el valor de un producto para sus usuarios aumenta con el incremento en el número de usuarios del producto (e.g. Whatsapp); (ii) mercados relevantes de dos o más lados, definidos como, las plataformas que sirven como punto de encuentro para dos o más grupos de agentes, típicamente consumidores y oferentes, que interactúan a través de una plataforma que funge como intermediario (e.g. Mercado Libre);  (iii) innovación acelerada; (iv) inversiones iniciales elevadas y períodos de no-rentabilidad largos para lograr escala de supervivencia; (v) efectos de disrupción; y (vi) el efecto de “el ganador lo toma todo” (que se explicará más adelante).

En la última década, el comercio digital ha tenido un impacto en el crecimiento económico al reducir los costos de transacción; ha generado una innovación sin precedentes; ha acercado geografías; ha transformado y hasta redefinido industrias; y ha reducido asimetrías de información. Por ejemplo, existen bienes digitales que han sustituido a bienes que anteriormente se consumían en formato físico y cuyo costo marginal de reproducción se ha vuelto cercano a cero. Tal es el caso de música, películas y videos que ahora se pueden transmitir a través de interfaces digitales de datos y que han dejado en la obsolescencia a los mercados tradicionales donde se intercambiaban.

La economía digital tiene el potencial de cambiar la estructura del mercado en numerosos sectores a través de la innovación disruptiva, es decir, soluciones que redefinen completamente la estructura del mercado. Un ejemplo de esta innovación disruptiva es el negocio digital en México desarrollado por Kavak. Esta start-up mexicana fundada en 2016, que se dedica a la venta online de vehículos de segunda mano, está creando una estructura de mercado nueva y disruptora al buscar atraer a una gran masa de vendedores y compradores de autos del país a un solo gran mercado digital. Esta solución es fundamentalmente distinta y superior a una agencia de autos usados sobresaliente. Así fue como, a menos de cinco años de fundada, Kavak alcanzó una valuación mayor a los mil millones de dólares, lo que le ha valido el título del primer unicornio mexicano. 

La economía digital también ha fomentado el desarrollo de la economía colaborativa (definida como el aprovechamiento de productos o servicios, mediante su uso compartido, a través de una plataforma). Esta forma de relación entre oferentes y consumidores implica el aprovechamiento de bienes y servicios sobre los que no se adquiere propiedad ni exclusividad. La economía colaborativa favorece la competencia al permitir el ingreso al mercado de nuevos oferentes que ejercen presión competitiva sobre empresas ya establecidas en mercados tradicionales relacionados, y contribuye a la eficiencia de la economía pues permite que ciertos activos incrementen drásticamente su utilización. Por ejemplo, Airbnb se constituyó como una alternativa al hospedaje vacacional en hoteles que en ocasiones cobraban costos elevados, lo que derivó en que algunos hoteles disminuyeran sus precios y mejoraran su oferta para atraer consumidores. Asimismo, aumentó la eficiencia de stock de capital pues la capacidad turística se incrementó de forma instantánea.

Riesgos de la economía digital 

Sin embargo, el desarrollo boyante de la economía digital también plantea retos importantes para las autoridades de competencia, al poder propiciar la concentración de mercados y la realización de prácticas anticompetitivas. 

Entre los problemas de competencia identificados con las economías digitales está la posibilidad de que la generación, recolección y procesamiento de grandes volúmenes de información (Bigdata) constituyan barreras de entrada o faciliten prácticas anticompetitivas. Por ejemplo, una compañía con suficiente información de patrones de comportamiento y consumo podría inferir que una persona estaría dispuesta a pagar el doble que otra y realizar una estrategia de precios discriminatorios. Y si esa estrategia la diseñara un algoritmo creado por inteligencia artificial ¿Sería sancionable? 

Otro problema en estas economías es el incentivo de empresas gigantes, por adquirir start-ups innovadoras, eficientes y disruptivas, para adquirir su innovación pero también para evitar su desarrollo y eliminarlas como potencial competencia a futuro (adquisiciones asesinas o killer acquisitions). 

En mi opinión, el problema de competencia más profundo en las economías digitales es el fenómeno conocido como “el ganador lo toma todo” (winner takes all), que se refiere a la tendencia de que un mercado se concentre en un único oferente, debido a los efectos de red.  La naturaleza del producto hace que los costos de cambiar sean tan altos que sea prácticamente inviable la entrada de un nuevo jugador. Por ejemplo, una vez que UBER logra el número necesario choferes en la plataforma que garantice recoger a los usuarios en el menor tiempo, los usuarios no tendrán incentivos de utilizar otra plataforma; y los choferes, al saber que la mayoría de los clientes se encuentra en UBER, tampoco tendrán incentivos de cambiar de plataforma. Estas compañías llegan a una escala que eliminan los incentivos de los usuarios de cambiarse de plataforma. Esta dinámica se repite en numerosos servicios. ¿Quién podría hoy permitirse, por ejemplo, abandonar Whatsapp y seleccionar otra plataforma, si sus amigos y familiares ya están concentrados en dicha plataforma? 

Reflexión final

La manera de hacer transacciones ha cambiado mucho desde los orígenes del Derecho de la Competencia a la fecha. Esto ha llevado a las autoridades de competencia a cuestionarse si las herramientas actuales de competencia son suficientes para abordar los problemas de los mercados digitales o si resulta necesario regular estos mercados. El reto será realizar un balance entre reglas que no inhiban los beneficios de la economía digital, pero neutralicen el poder de algunas empresas para explotar su dominancia. 

_{* Inmerso en la lógica de competencia hay un objetivo de proteger la inclusión de los agentes económicos eficientes que operan en un mercado y nivelar el terreno de juego.}

Bibliografía:

• COFECE, Repensar la competencia en la Economía Digital, Estudios de Promoción a la Competencia, Febrero 2018.
• El País, Kavak: el ‘unicornio’ mexicano de los coches usados, disponible en esitio: https://elpais.com/economia/2020-12-05/kavak-el-unicornio-mexicano-de-los-coches-usados.html
• Motta, Massimo, Política de Competencia. Teoría y Práctica, Fondo de Cultura Económica.
• OCDE, A Roadmap Toward a Common Framework for Measuring The Digital Economy, Report for the G20 Digital Economy Task Force, Saudi Arabia 2020.
• OECD, DAF/COMP(2012)22, Hearings, The Digital Economy, 7 de febrero de 2013.
• OECD, Digital Economic Outlook 2020, disponible en el sitio: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb167041-en/index.html?itemId=/content/publication/bb167041-en.

OECD, Start-ups, Killer Acquisitions and Merger Control, 2020, disponible en el sitio: www.oecd.org/daf/competition/start-ups-killer-acquisitions-and-merger-control-2020.pdf

Hace unos meses en este mismo foro se destacaba el papel central que juega la planeación financiera para alcanzar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, en particular para efectos de contar con un plan de retiro sustentable y suficiente. También se mencionaban a la educación financiera y el uso de plataformas tecnológicas, como factores adicionales que abonan a la desigualdad y agravan la vulnerabilidad a la que las mujeres nos exponemos. 

No cabe duda que las mujeres no pueden ser pensadas como un grupo homogéneo, así tampoco la inclusión financiera es unidimensional, siendo una de sus aristas, la inclusión de mujeres-jóvenes. Por lo que, al abordar el tema de la inclusión financiera, este artículo se enfoca en un subgrupo de mujeres compuesto por jóvenes. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que son jóvenes, las personas en los grupos de edades entre 15 y 24 años, sin embargo, este rango de edad puede variar—de 15 a 29 años—en función del contexto, atendiendo principalmente a la transición orgánica de la escuela al trabajo. Los jóvenes se caracterizan por tener ingresos irregulares, que provienen de familia o trabajos temporales, además las mujeres jóvenes se enfrentan a riesgos como son la deserción escolar, ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva, el empleo informal y la violencia familiar.

Como parte de las prioridades del Global Partnership for Financial Inclusion (por sus siglas en inglés GPFI), el Grupo de los 20 (G20) en 2020 anticipaba la necesidad de focalizar esfuerzos en la inclusión en segmentos que continúan enfrentando barreras para la inclusión: mujeres, jóvenes y pequeñas y medianas empresas. En un documento elaborado para el G20 GPFI bajo la presidencia de Arabia Saudita en 2020, se señalan (i) la persistente brecha de género en el acceso a servicios financieros en un 7%; y (ii) la exclusión de casi la mitad de la población joven de servicios financieros, resaltando además lo imprescindible que es proteger, informar y apoyar a ambos grupos, atendiendo sus particularidades. 

Por otro lado, en el mismo documento, se reconoce a las plataformas como un medio ideal para lograr el empoderamiento de estos grupos. Por este motivo, se publicaron informes elaborados por organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde se ha destacado la necesidad de comprender dentro de los esfuerzos por la inclusión financiera a los jóvenes. Recientemente, el reporte Advancing the Digital Financial Inclusion of Youth publicado por la OCDE en julio 2020, destaca que en el mundo la mitad de los jóvenes—personas de entre 15 y 24 años de edad—no tienen acceso a la banca. 

Las barreras para la inclusión financiera, suponen que existen dos clases de exclusión: la voluntaria y la involuntaria. La voluntaria, en gran medida se asocia con creencias religiosas, normas sociales y la percepción de desconfianza. Por otro lado, la exclusión involuntaria afecta a los individuos que, por representar un riesgo, por no contar con los ingresos suficientes o incluso por no acceder a servicios digitales, son excluidos por el propio sistema. 

En México se han identificado barreras de los dos tipos al hablar de inclusión financiera, en una sociedad cuya población se compone en gran medida por jóvenes de entre 15 y 24 años, subgrupo que se compone mayormente de mujeres, según la información proporcionada por el Censo de Población y Vivienda 2020. En particular en este segmento, convergen retos como lo son los niveles bajos educación media y superior por deserción escolar, además de los ya mencionados—embarazo y matrimonio a temprana edad, el trabajo no remunerado y la violencia doméstica, entre otros.

Además, en México se ha identificado que la apatía o falta de interés por los servicios financieros, al no percibirlos como necesarios o útiles, es un factor relevante que influye en la exclusión de los jóvenes conforme a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2018). Cabe mencionar que, hasta ahora, la información recolectada por la ENIF, excluye a un sector importante de los jóvenes, ya que la población objetivo de ésta se compone por personas de entre 18 y 70 años de edad.

En el panorama actual, se ha demostrado la necesidad de acceder a servicios digitales y su incidencia en la brecha de género, probando que el acceso digital a servicios financieros es relevante para grupos de jóvenes mujeres, especialmente en países con rezago en términos de conectividad, como lo es México. Por lo que es importante reflexionar sobre la oportunidad que representa el empalme entre los servicios digitales y financieros, con la juventud, como mecanismo para integrar y empoderar a las mujeres en aras de la igualdad económica. 

Es por estas razones que las políticas públicas existentes enfocadas a la inclusión financiera, tendrían que, además de repensar la recolección de datos para la evaluación de políticas públicas, retomar la educación financiera y el acceso a los servicios financieros (i) con perspectiva de género; (ii) sin indiferencia y prestando atención a los jóvenes y (iii) reconociendo el potencial que representan las plataformas digitales para expandir los servicios financieros. 

La educación financiera es una herramienta que promueve el crecimiento económico, por. lo que la difusión de información, tanto financiera como del uso de plataformas digitales, son elementos claves para incluir a las jóvenes. Es el momento de integrar en las políticas públicas a los jóvenes, no con la rigidez de un rango de edad fijo, sino atender a etapas orgánicas de crecimiento y al contexto de las jóvenes en México y con perspectiva de género. Al respecto, es de reconocer que la banca privada ha dedicado recursos en iniciativas, herramientas y cursos gratuitos enfocados en los jóvenes. 

Al final, las jóvenes de hoy son las mujeres del futuro. Estamos involucradas en la educación de hijas y alumnas, al frente de empresas y despachos, tomando decisiones que impactan las finanzas de pasantes y demás empleadas, al frente de instituciones financieras creando productos financieros socialmente responsables que, además de enfocarse en los jóvenes, vale la pena sean diseñados con perspectiva de género.

La apertura de una cuenta bancaria no solo tiene un resultado inmediato para consumir bienes o servicios—desde alimentos, pasando por gastos en entretenimiento, hasta el acceso a servicios de salud y vivienda. Es la posibilidad de acceder a créditos o a productos financieros para generar un patrimonio propio sobre el cual decidir. Es una puerta al emprendimiento, una alternativa de ahorro para alcanzar un retiro sustentable y suficiente. Es el inicio de la independencia económica. 

Fuentes:

AFI, (2020) Integrating Youth Into A National Financial Inclusion Strategy https://www.afi-global.org/publications/integrating-youth-into-a-national-financial-inclusion-strategy/ 

Better Than Cash Alliance, Women’s World Banking, and the World Bank Group (2020), https://www.gpfi.org/publications/advancing-women-s-digital-financial-inclusion 

CNBV, INEGI (2018), Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_verimpresa.pdf  y  https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2018/ 

G20 GPFI (2020), G20 High-Level Policy Guidelines on Digital Financial Inclusion for Youth, Women, and SMEs document. https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/saudiG20_youth_women_SME.pdf 

OECD (2017), Evidence-based Policy Making for Youth Well-being: A Toolkit, OECD Development, Policy Tools, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264283923-en

OECD (2020), Advancing the Digital Financial Inclusion of Youth, https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/saudiG20_digitalyouth.pdf

SEEP (2013), Understanding Youth and their Financial Needs Youth and Financial Services Working Group, Innovations in Youth Financial Services Practitioner Learning Program. https://seepnetwork.org/files/galleries/1058_Understanding_Youth_and_their_Financial_Needs_April_2013.pdf 

Como consecuencia de la controvertida decisión de Twitter y Facebook de suspender las cuentas del exmandatario estadounidense Donal Trump, en los últimos meses se ha desatado un sustancial debate a nivel global sobre la postura que han decidido tomar algunos gobiernos respecto a la conveniencia de “regular las redes sociales”.
Naturalmente, y como resultado también de la suspensión de diversas cuentas locales con tintes políticos, este fenómeno ha tomado especial relevancia en nuestro país; en donde, tanto en el poder ejecutivo, como en el poder legislativo, han manifestado a través de algunos de sus representantes, su interés por explorar la posibilidad de regular las redes sociales en México.
El dilema detrás de este tema es complejo pues, por un lado, entendemos la necesidad de proteger una serie de derechos fundamentales que se encuentran inherentemente implicados en el funcionamiento habitual de este tipo de plataformas digitales (libre expresión, no discriminación, acceso a la información, etc.). Sin embargo, también es verdad que esta realidad involucra un componente fuertemente relacionado con libertades de derecho privado, las cual deben garantizarse para el correcto funcionamiento de los derechos empresariales, y, en general, para las relaciones contractuales privadas en la mayoría de las jurisdicciones.
Es crucial que aquellos que apoyan y empujan la regulación de las redes sociales, sean cautos y prudentes no solamente al momento de plantear el alcance de esta, sino en el análisis de los beneficios que las propuestas pueden tener vis a vis posibles efectos negativos; directos y colaterales. Indudablemente, considerando el impacto -humanitario, social y económico- y las consecuencias que, tanto a nivel global como a nivel nacional, puede tener esta decisión, nos encontramos ante una interrogante que no debe ser subestimada y cuya discusión no debe ser apresurada.
Las autoridades mexicanas han decidido adentrarse a una serie de mercados para los que no encuentro mejor adjetivo calificativo que “enigmáticos”. Mercados que, por su novedad, y por sus notas características de dinamismo y multidimensionalidad, resultan excepcionalmente complejos de definir en tiempo presente, pero aún más difíciles de predecir. Regular estos mercados de manera eficiente, pero sobre todo efectiva, es un proyecto extremadamente ambicioso; incluso para aquellas jurisdicciones que cuentan con especial conocimiento técnico y experiencia en la materia, e incluso precedentes al respecto.
Se trata de un proyecto que requerirá de congruencia multi jurisdiccional, de una mezcla precisa entre la aplicación específica de conceptos amplísimos y la holgura en la atención a conceptos técnico-actuales, de un análisis profundo de una serie interminable de mercados paralelos que se verán directamente impactados. En pocas palabras, resulta evidente que, para lograrse exitosamente, este proyecto requerirá de una inversión considerable de recursos. Minimizar la labor que conlleva, sería dirigirnos ineludiblemente a un escenario en el que se afecte negativamente y de manera inmediata el ritmo de desarrollo del país.
Con esto en mente, pareciera que es un buen momento para que, como seguramente ya lo están haciendo, estas plataformas digitales se planteen el rediseño de su auto regulación y redefinan los estándares a considerar como torales en el contenido de dicha regulación, un buen momento para concertar una tregua que les permita trabajar estratégicamente de la mano de las autoridades competentes, pudiendo así evitar la sobre intervención del Estado en sus operaciones y la regulación imprecisa de los mercados involucrados.
Es importante no perder de vista que, en este esfuerzo por autorregularse, y en la medida en la que las partes interesadas trabajen de manera sinérgica, estás seguramente enfrentarán riesgos considerables en materia de competencia económica; riesgos de los que no estarán exentas simplemente por tratarse de una situación en la que estén involucradas autoridades gubernamentales. Por ello, resulta crucial que estas empresas y sus asesores legales sean sumamente analíticas y precavidas en relación con el plan de acción que decidan seguir para la ejecución de esta estrategia.
Por lo que respecta a nosotros como asesores legales, cabe mencionar que nos encontramos ante un enorme reto, pero, sobre todo, ante una fascinante oportunidad de involucrarnos a fondo en los mercados digitales y, como nuestra vocación nos demanda, encontrar un punto de convergencia entre los deseos y necesidades de nuestros clientes, la legalidad de sus actos y la responsabilidad social. Solo así estaremos en posibilidad de presentar un análisis suficiente y adecuado, que les permita a nuestros clientes enfrentar este desafío de la mejor manera posible, tanto para la sociedad, como para sus negocios.

La pandemia de COVID-19 ha generado importantes cambios en nuestra sociedad; estamos viviendo en un mundo incierto, envuelto en dilemas éticos y morales. De igual forma como abogados, nos hace cuestionarnos acerca de las concepciones que tenemos respecto del bien común y de las maneras en que puede verse afectado; así como del orden democrático al cual aspiramos y, por consiguiente, del valor intrínseco de la vida, la justicia, la igualdad y la libertad, entre muchos otros aspectos fundamentales de nuestra vida diaria que fueron puestos en retrospectiva. De este modo, las relaciones sociales se han vuelto más complejas y resulta comprensible el deseo de retomar y volver a encontrar aquello que es intrínseco al ser humano por el mero hecho de serlo con el fin de proteger los derechos que le son más esenciales.

Es así como iusfilósofos como H. L. A. Hart han intentado encontrar un «contenido mínimo del Derecho Natural» en las características esenciales del hombre y de su entorno, en aras de contar con ciertas normas jurídicas indispensables y necesarias para su protección. Esto es lo que llamamos Derecho Natural: lo que es justo por sí mismo y no por convención, de la misma manera como le decimos bueno por naturaleza a aquello que es bueno según una exigencia racional independiente de la voluntad.

En relación con los nuevos problemas éticos y la exigencia de una respuesta por parte del iusnaturalismo, resulta especialmente pertinente analizar la teoría del profesor australiano John Finnis, discípulo de Hart, cuya obra “Natural Law and Natural Rights” es considerada como uno de los mayores avances en la Filosofía del Derecho. En esta obra, Finnis sostiene la necesidad de reemprender el estudio del Derecho Natural de manera racional, como fundamento para la comprensión de la acción humana libre y con el fin de alcanzar un bien común donde se respete la dignidad humana, el cual consiste en actuar conforme a la razón.

Asimismo, John Finnis expone en su teoría siete bienes humanos básicos para que el ser humano pueda perfeccionarse, los cuales son los siguientes: la vida, el conocimiento, el juego, la experiencia estética, la sociabilidad o amistad, la razonabilidad práctica y la religión. Estos bienes fundamentales, constituyen los primeros principios prácticos de una teoría sólida del Derecho Natural y representan el origen del razonamiento fundado y ordenado del hombre. 

Las normas en particular y el Derecho globalmente considerado, surgen así para dar una respuesta regular y ofrecer un tratamiento jurídico puntual respecto de las diversas situaciones sociales que puedan presentarse: conflictos, disensiones o acuerdos. Por otra parte, el Derecho es un aspecto básico del bienestar humano debido a que promueve la participación de cada uno en la vida social, como el propio Finnis explica: «Las formas básicas del bien son oportunidades de ser; mientras más plenamente participa un hombre en ellos, más es lo que puede ser».

Por lo tanto, el Derecho desempeña un rol fundamental en la protección de estos siete bienes humanos básicos que desarrolla el profesor John Finnis en su teoría del Derecho Natural pues regula principalmente la interacción en sociedad de las personas, tiene por objeto lo justo y procurar el bien común, por lo que se enfoca en el surgimiento de un buen sistema jurídico que permita orientar el comportamiento razonable de las personas hacia un entorno favorable que les permita alcanzar su perfección. 

A manera de conclusión, podemos decir que se requiere un resurgimiento y una reformulación de la teoría del Derecho Natural, pues desarrollándola y precisándola a la luz de las mejores contribuciones de la filosofía contemporánea y proponiendo soluciones a los problemas éticos y jurídicos que se plantean en nuestra sociedad, podrá lograrse mejorar la convivencia y la apertura a vías novedosas para la promoción de un bien común en el cual se respeten los bienes humanos básicos del hombre.

Los tiempos de crisis son los más retadores, son los que más nos hacen sufrir, pero a la vez también son los que más nos hacen crecer y progresar. El futuro es incierto, será un periodo de reconstrucción hacia la denominada nueva normalidad, sin embargo, antes de regresar a un nuevo comienzo, la pandemia nos hizo una invitación a encontrar primero aquello que nos es intrínseco con el fin de construir juntos algo mejor para volver más fortalecidos.