Hablaré sobre los retos y desafíos que enfrenta el derecho en México en materia de equidad de género, y cómo este tema adquiere una importancia crucial en las propuestas políticas durante épocas electorales. En un contexto democrático, las propuestas de los candidatos y partidos juegan un papel fundamental en la configuración de un marco legal que garantice la equidad de género en todos los ámbitos.
La equidad de género y la protección de los derechos humanos de las mujeres son desafíos fundamentales en México. Aunque se han logrado avances importantes, persisten la discriminación y la violencia de género en diversas áreas de la sociedad. Para afrontar estos problemas, es necesario fortalecer la legislación existente y promover reformas que aborden de manera integral la no discriminación y la no violencia basada en el género. Se deben implementar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, garantizando el acceso a la justicia y la protección integral de las personas, en todo momento y sin distinción alguna.
Daniel Cazés, quien fuera consejero de la Comisión de Derechos Humanos durante el periodo 2002-2009 y autor de muchos textos sobre cuestiones étnicas y de género, señalaba que “Las políticas públicas con enfoque de género responden a la necesidad de integrar a las mujeres al desarrollo, reconociendo que las mujeres viven aún en condiciones de dependencia, subordinación, exclusión y discriminación debidas a prácticas sociales y concepciones culturales ancestrales que las determinan, y cuyo arraigo hace parecer su transformación como algo casi imposible.”
El 23 de marzo de 1981, se adoptó en nuestro país la propuesta de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), declarada el 18 de diciembre de 1979.
De la misma manera, México contrajo y se comprometió a integrar la perspectiva de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos nacionales, con base en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, en 1995, donde se emitió una Declaración que representó un punto de inflexión en el tratamiento de la igualdad de género y se creó una Plataforma de Acción (Plataforma de Acción de Beijing/PAB). No obstante, los resultados en México distan de ser óptimos.
El vínculo entre las políticas públicas y el género también se reconoció a nivel internacional el 20 de diciembre de 1995, en la Resolución 50/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre “La mujer en el desarrollo” que urgió a los gobiernos a desarrollar y promover metodologías para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas.
Por todo lo anterior, en estos momentos en que nos encontramos durante las épocas electorales, los candidatos y partidos políticos tienen la responsabilidad de generar políticas concretas que aseguren la inclusión, la diversidad y la equidad de género. Al hacerlo, demostrarán su compromiso con la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
La transversalidad de la perspectiva de género; vigilar el cumplimiento de la paridad como principio democrático a fin de que las mujeres sean representadas en todos los espacios de decisión; eliminar las brechas de desigualdad con los hombres y eliminar los obstáculos que enfrentan en todos los ámbitos para avanzar en su autonomía física, económica y emocional, son algunas de las brechas del Derecho en México, y en general del Estado Mexicano, con las mujeres.
El abordaje adecuado de la equidad de género en las propuestas políticas no solo beneficia a grupos específicos de la sociedad, sino que también fortalece la democracia y contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa, justa e inclusiva para todos los mexicanos.
En épocas electorales, los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir a aquellos candidatos y partidos que demuestren un compromiso real con estos temas. Por tal motivo, es fundamental que se informen sobre las propuestas de los candidatos, evalúen su viabilidad y coherencia, y ejerzan su derecho al voto de manera consciente, eligiendo a quienes se comprometan a promover un cambio real y positivo en el ámbito legal y social.
La inclusión de la perspectiva de género en las propuestas de los candidatos y partidos no solamente obedece a su responsabilidad ética, sino que también refleja una respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad mexicana. En la actualidad, los ciudadanos estamos cada vez más conscientes de la importancia de la igualdad, la diversidad y los derechos humanos, y exigimos que nuestros representantes políticos aborden estos temas de manera efectiva.
En conclusión, los retos y desafíos que enfrenta el Estado Mexicano en materia de inclusión, equidad de género y derechos humanos adquieren una relevancia aún mayor durante las épocas electorales. Los candidatos y partidos políticos tienen la responsabilidad de abordar la perspectiva de género en sus plataformas y comprometerse a construir un marco legal sólido y una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa.
Debe ser un compromiso de todos los actores involucrados, tanto ciudadanos como líderes políticos, trabajar juntos para asegurar que el Estado Mexicano refleje en su ordenamiento jurídico los valores fundamentales de los derechos humanos que comentamos, y así garantizar una sociedad más incluyente y generar de manera más justa la igualdad, el desarrollo y la paz en México.

Andrea Pérez Uribe, nacida en Cancún, Quintana Roo, el 15 de marzo de 1994. Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Con seis años de experiencia en el sector público y un año y medio en el sector financiero, en las áreas de derecho Corporativo y Administrativo. Apasionada de los Derechos Humanos, particularmente en diversidad, equidad e inclusión.