Como consecuencia de la controvertida decisión de Twitter y Facebook de suspender las cuentas del exmandatario estadounidense Donal Trump, en los últimos meses se ha desatado un sustancial debate a nivel global sobre la postura que han decidido tomar algunos gobiernos respecto a la conveniencia de “regular las redes sociales”.
Naturalmente, y como resultado también de la suspensión de diversas cuentas locales con tintes políticos, este fenómeno ha tomado especial relevancia en nuestro país; en donde, tanto en el poder ejecutivo, como en el poder legislativo, han manifestado a través de algunos de sus representantes, su interés por explorar la posibilidad de regular las redes sociales en México.
El dilema detrás de este tema es complejo pues, por un lado, entendemos la necesidad de proteger una serie de derechos fundamentales que se encuentran inherentemente implicados en el funcionamiento habitual de este tipo de plataformas digitales (libre expresión, no discriminación, acceso a la información, etc.). Sin embargo, también es verdad que esta realidad involucra un componente fuertemente relacionado con libertades de derecho privado, las cual deben garantizarse para el correcto funcionamiento de los derechos empresariales, y, en general, para las relaciones contractuales privadas en la mayoría de las jurisdicciones.
Es crucial que aquellos que apoyan y empujan la regulación de las redes sociales, sean cautos y prudentes no solamente al momento de plantear el alcance de esta, sino en el análisis de los beneficios que las propuestas pueden tener vis a vis posibles efectos negativos; directos y colaterales. Indudablemente, considerando el impacto -humanitario, social y económico- y las consecuencias que, tanto a nivel global como a nivel nacional, puede tener esta decisión, nos encontramos ante una interrogante que no debe ser subestimada y cuya discusión no debe ser apresurada.
Las autoridades mexicanas han decidido adentrarse a una serie de mercados para los que no encuentro mejor adjetivo calificativo que “enigmáticos”. Mercados que, por su novedad, y por sus notas características de dinamismo y multidimensionalidad, resultan excepcionalmente complejos de definir en tiempo presente, pero aún más difíciles de predecir. Regular estos mercados de manera eficiente, pero sobre todo efectiva, es un proyecto extremadamente ambicioso; incluso para aquellas jurisdicciones que cuentan con especial conocimiento técnico y experiencia en la materia, e incluso precedentes al respecto.
Se trata de un proyecto que requerirá de congruencia multi jurisdiccional, de una mezcla precisa entre la aplicación específica de conceptos amplísimos y la holgura en la atención a conceptos técnico-actuales, de un análisis profundo de una serie interminable de mercados paralelos que se verán directamente impactados. En pocas palabras, resulta evidente que, para lograrse exitosamente, este proyecto requerirá de una inversión considerable de recursos. Minimizar la labor que conlleva, sería dirigirnos ineludiblemente a un escenario en el que se afecte negativamente y de manera inmediata el ritmo de desarrollo del país.
Con esto en mente, pareciera que es un buen momento para que, como seguramente ya lo están haciendo, estas plataformas digitales se planteen el rediseño de su auto regulación y redefinan los estándares a considerar como torales en el contenido de dicha regulación, un buen momento para concertar una tregua que les permita trabajar estratégicamente de la mano de las autoridades competentes, pudiendo así evitar la sobre intervención del Estado en sus operaciones y la regulación imprecisa de los mercados involucrados.
Es importante no perder de vista que, en este esfuerzo por autorregularse, y en la medida en la que las partes interesadas trabajen de manera sinérgica, estás seguramente enfrentarán riesgos considerables en materia de competencia económica; riesgos de los que no estarán exentas simplemente por tratarse de una situación en la que estén involucradas autoridades gubernamentales. Por ello, resulta crucial que estas empresas y sus asesores legales sean sumamente analíticas y precavidas en relación con el plan de acción que decidan seguir para la ejecución de esta estrategia.
Por lo que respecta a nosotros como asesores legales, cabe mencionar que nos encontramos ante un enorme reto, pero, sobre todo, ante una fascinante oportunidad de involucrarnos a fondo en los mercados digitales y, como nuestra vocación nos demanda, encontrar un punto de convergencia entre los deseos y necesidades de nuestros clientes, la legalidad de sus actos y la responsabilidad social. Solo así estaremos en posibilidad de presentar un análisis suficiente y adecuado, que les permita a nuestros clientes enfrentar este desafío de la mejor manera posible, tanto para la sociedad, como para sus negocios.
Sobre la autora:
Paloma Alcántara es Asociada Senior en Von Wobeser y Sierra, S.C. en dónde, por más de
8 años, ha enfocado su práctica en temas de competencia económica.
Es Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, tiene una especialidad en Derecho Mercantil por la misma Institución. En 2019 le fue otorgado el título de Maestría por la Universidad de Stanford, California (LL.M. in International Economic Law, Business & Policy).
