El denominado “derecho de impacto” se refiere a la práctica legal que asesora e impulsa a la llamada “economía de impacto”. Ambas, definiciones en constante movimiento y que depende del orador, tendrán origen en distintos contextos. En ese sentido, como abogada transaccional, entiendo al derecho y la economía de impacto como aquellas prácticas legales o económicas que buscan producir cambios sostenibles en la sociedad, como por ejemplo, las finanzas sostenibles, la inversión de impacto, el emprendimiento social, formas hibridas de negocios que incorporen beneficios para la sociedad y el medio ambiente como un elemento esencial de su modelo de negocio. En la evolución de estos términos en los últimos años se habla también de la agricultura regenerativa, así como la gobernanza climática y otros mecanismos financieros y de mercado relacionados con el cambio climático y la regeneración.

En ese contexto, el derecho de impacto contribuye y evoluciona el conocimiento jurídico de varias maneras, por ejemplo, a través del diseño, desarrollo y ejecución de políticas públicas, estructuras de negocios y societarias innovadoras, cláusulas y contratos alineados con el propósito de impacto subyacente, litigios estratégicos con objetivos claros y medibles y una gran variedad otros proyectos relacionados.

Este enfoque no es nuevo, pero sí ha cobrado relevancia en un momento en que los retos globales —cambio climático, inequidad, crisis migratoria, guerras, acceso a la justicia, violencia de género— exigen que los abogados participen no solo como intérpretes de la ley sino como catalizadores de cambio.

El derecho de impacto, como la asesoría legal en general, se enfoca en resolver problemas concretos de nuestros clientes. El derecho de impacto exige una especialización e innovación legal del abogado para poder alinear objetivos y expectativas con los clientes ya que en ocasiones éstos últimos buscan contribuir a modificar las condiciones estructurales que generan esos problemas. 

Por ejemplo, en el caso de los litigantes esto puede implicar llevar un caso ante tribunales para sentar un precedente. En otros casos, como en los que trabajan los abogados más transaccionales, puede ser proponer reformas legislativas que promuevan nuevas formas societarias, incluir distintas métricas en un contrato de crédito para ligar el costo de un financiamiento con la capacidad de dicha empresa de mantener metas ambientales o sociales, el diseño de cláusulas de pago por resultados o el diseño de estructuras de propiedad y gobernanza de fondos de inversión de impacto o sistémicos. En el caso de abogadas fiscalistas, puede manifestarse en casos sobre la estructuración de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para resolver problemas sociales o ambientales que, en muchos casos, generan retos importantes al no estar expresamente regulados en nuestra legislación.

¿Y cómo podemos convertirnos en abogados de impacto? – es la pregunta del millón. 

En el caso de empresas tradicionales uno de los pasos para la transformación hacia la economía de impacto es la medición del impacto y el cumplimiento de ciertas métricas establecidas. En el caso del sector de servicios profesionales, como un despacho de abogados, para poder “transformarse” tenemos que empezar por determinar lo que se tiene que medir para definir el “impacto” que tiene la práctica legal o el servicio brindado.  

La noción general de “impacto” implica que el efecto debe ser medible para poder comparar. monitorear y, sin duda, mejorar en el tiempo. En el caso de un despacho de abogado como actor en la economía y en el derecho, medir el “impacto” requiere ir más allá de la huella ambiental directa —que suele ser baja— y enfocarse en impacto social, económico, directo e indirecto que se genera a través de clientes, empleados y la comunidad.

Ya no basta con ser socialmente responsable, ni basta tener un área filantrópica, pro bono o de diversidad. Ya no basta tampoco con mitigar los posibles daños o evitar el deterioro: para tener “impacto” es necesario sostener, revertir, regenerar y/o mejorar a través de resultados medibles y monitoreados en el tiempo. 

En ese sentido, nos tenemos que preguntar, por ejemplo ¿Qué impacto tuvo el litigio estratégico que llevó a la Suprema Corte a reconocer el derecho de las trabajadoras del hogar a ser inscritas al IMSS? Si se analiza a detalle, esto no solo benefició a las demandantes, sino que abrió la puerta para que más de 2.4 millones de personas pudieran acceder a seguridad social.

¿Qué cambios positivos ha tenido la economía de impacto de un país a partir de la introducción de leyes de beneficio e interés colectivo? Esto en el caso de Colombia tomaría datos desde el 2018 mientras que para, Ecuador, Uruguay y Perú requiere una medición que empieza apenas desde el 2020 ¿Qué efecto tiene en los beneficiarios directos de una OSC que dicha organización se estructure de manera que pueda ser financieramente sostenible? Tal y como ha pasado con cooperativas agrícolas en Oaxaca que, con asesoría legal, lograron acceso a mercados internacionales bajo certificaciones de comercio justo.

Practicar el derecho de impacto requiere más que conocimiento jurídico: es indispensable entender el funcionamiento de las instituciones, saber construir narrativas que conecten con distintos jugadores, trabajar en equipo con expertos de otras disciplinas, estar al día en las tendencias internacionales de este campo del derecho que está en constante evolución y, sobre todo, sostener una visión de largo plazo.

En un contexto como el nuestro, donde la complejidad de los problemas sociales demanda soluciones estructurales, el derecho de impacto ya no es una opción: es una obligación de nuestra profesión. Debemos ser visionarios, adelantarnos a los problemas del futuro y así seguir siendo actores efectivos en el mundo que nos rodea.

*El contenido de este artículo es publicado bajo la responsabilidad de su autora y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.