México se encuentra frente a una transición de un esquema extractivo de hidrocarburos hacia un modelo bajo en carbono, se pretende elevar la participación de energías renovables en nuestra matriz energética del 23% a 38% a 2030(1). 

En este entendido el compliance lejos de ser una lista de verificación administrativa se convierte en una herramienta estratégica en el despliegue de proyectos de energías renovables, que determina la viabilidad técnica, jurídica y económica de los mismos. Los requerimientos del nuevo marco jurídico van más allá de la aplicación estricta de la norma, siendo que ahora resulta imperioso diseñar estructuras de gobernanza que aseguren que la energía sea tan limpia en su implementación como lo es en su origen.

El éxito de un proyecto de energías renovables actualmente no se mide solo en los MW (Megawatts) generados, sino en el impacto social y la transparencia de su ejecución. Por lo que se requieren de estándares más rigurosos; se toman en cuenta los criterios ESG:

E (Environmental / Ambiental): Es el cumplimiento riguroso de medidas de mitigación de impacto ambiental, la protección de la biodiversidad y en la medida de lo posible la implementación de economía circular en el desmantelamiento de infraestructura(2). Pero también implica consumo energético, emisiones, gestión de residuos y cambio climático.

S (Social): Responde a la necesidad estructural de tomar en consideración la opinión de la población que será afectada con el proyecto y en la medida de lo posible integrar sus recomendaciones en el diseño y desarrollo del mismo. No se trata solo de instalar paneles solares, sino de quién recibe los beneficios. Algunas preguntas con eje en género serían: 

• ¿Cómo impacta el proyecto a las comunidades locales? 
• ¿Hay mujeres participando en la toma de decisiones de la comunidad? 
• ¿Se está combatiendo la pobreza energética en la zona de influencia? 
• ¿El proyecto genera empleos para mujeres en la comunidad? 
• ¿Reduce el costo de la energía para las jefas de familia locales?

Otro punto toral es llevar a cabo con perspectiva de género la Consulta Previa, libre e informada(3); proponer que los protocolos de consulta previa incluyan espacios seguros y específicos para que las voces de las mujeres de las comunidades, (que suelen tener una visión distinta sobre el uso de la tierra y los recursos) sean escuchadas. 

G (Governance / Gobernanza): La ética en la abogacía. Garantizar con compromisos tangibles la transparencia en las licitaciones, el combate a la corrupción y estructuras de mando diversas. 

El compliance exige que las juntas directivas y los equipos de planeación energética sean diversos. Siendo que la diversidad no es una "cuota", es una estrategia para evitar sesgos y mejorar la toma de decisiones oportuna.

Una gobernanza sólida asegura que los contratos de energía limpia sean sostenibles legalmente frente a cambios de administración, dando certidumbre jurídica a través de la ética.

El cumplimiento de estos criterios no responde a ideales utópicos, se trata de una herramienta de gestión de riesgos. Los criterios ESG pueden ayudar a:

• Eficientar procesos y costos dentro de la tramitología y permisos.
• Evitar litigios comunitarios(4).
• Atraer financiamiento internacional (los bonos verdes exigen ESG)(5).

Los criterios ESG con perspectiva de género fungen un papel fundamental para garantizar que la transición energética sea justa. Porque la transición energética no es sostenible si no es para todos. Como abogadas, nuestro rol en el cumplimiento de los criterios ESG es ser el puente entre los aspectos técnicos y la dignidad humana. 

Cuando redactamos un contrato, se da foco a ciertos aspectos, se minimizan otros; por lo que ese ejercicio ya no se trata simplemente de la implementación de un instrumento jurídico; se transforma en el diseño del acceso a la justicia energética y equidad de género o la prevalencia de brechas de género y desigualdad.

La crisis climática afecta más a las poblaciones vulnerables(6), por lo que la misión de la abogacía es ser artífices de los mecanismos legales que mitiguen este impacto.

Las abogadas que se desempeñan en el sector público tienen una responsabilidad doble: garantizar el cumplimiento de la ley y asegurar que la perspectiva de género forme parte del diseño de políticas públicas.

*El contenido de este artículo es publicado bajo la responsabilidad de su autora y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.

Referencias:

(1) Secretaría de Energía, "ACUERDO por el que la Secretaría de Energía emite el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico.", Diario Oficial de la Federación, 17 de octubre de 2025, punto 3.5.2 "Participación de energías limpias".

(2) Cuando los activos renovables se acercan al final de su vida operativa, el propietario del proyecto puede optar por: desmantelamiento, repotenciación, renovación del proyecto, funcionamiento hasta el fallo o abandono de los equipos in situ.

(3) Naciones Unidas. “Consultas y consentimiento libre, previo e informado (FPIC)”, consulta hecha el 17/04/2026 Disponible en: https://www.ohchr.org/es/indigenous-peoples/consultation-and-free-prior-and-informed-consent-fpic 

(4) Peña Danaé, Romero Tonali; Centro de Colaboración Cívica, octubre de 2021.“Mapeo de experiencias comunitarias y participativas con energías renovables: principales lecciones aprendidas y recomendaciones”.

(5) International Finance Corporation, 2023. “GUÍA DE BONOS VERDES PARA México, CÓMO EMITIR BONOS VERDES, BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES PARA MÉXICO”.

(6) López Suárez Patricia. (2025, 23 octubre). Gaceta UNAM. Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. “El incremento en la temperatura global ha intensificado los fenómenos meteorológicos extremos, las olas de calor, las sequías y los incendios forestales”.