La legislación laboral busca la protección de los derechos de los trabajadores, esto en gran medida debido al contexto histórico y social, especialmente en el entorno postrevolucionario en el que se promulgó la Ley Federal del Trabajo en 1931. Esta se diseñó como un instrumento para equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores, otorgando derechos laborales irrenunciables y garantías para proteger al operario, cuya única pertenencia era su fuerza de trabajo. 

A partir de entonces, se han llevado a cabo reformas para ajustar dicha ley a las necesidades de las y los trabajadores mexicanos, actualizando las normas para evitar la precarización del empleo y promover condiciones dignas de trabajo, reconociendo la importancia de la estabilidad laboral y la seguridad social como pilares fundamentales. Bajo esa tesitura, los procesos jurisdiccionales en materia laboral se han actualizado de formas importantes a través del tiempo, una de las últimas es la derivada de la reforma laboral de 2019.

A partir de dicha reforma, las autoridades en materia laboral han actualizado sus criterios, siendo uno de los más importantes la perspectiva de género. En las últimas décadas, perspectiva de género ha cobrado un papel fundamental en la sociedad, incorporándose al derecho como una herramienta indispensable para detectar, entender y erradicar la desigualdad de género. Sin embargo, a pesar de los avances legislativos y de capacitación del personal jurisdiccional, la realidad evidencia que aún queda un largo camino por recorrer para lograr una verdadera igualdad en el ámbito laboral y en los juicios en materia laboral.

La perspectiva de género no debe entenderse como una cuestión de inclusión o para cumplir con una cuota. Se trata de que las mujeres se enfrentan a obstáculos estructurales que condicionan el acceso, permanencia y desarrollo en el mundo laboral. Desde un panorama sociológico, las mujeres se enfrentan a retos como menor poder social, económico y político, la brecha salarial, el acoso sexual y la falta de políticas de protección en el ámbito laboral, perpetuando desigualdades y por ende, vulnerabilidad. 

En el marco de la crisis financiera global y la profundización de la desigualdad económica, las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la presencia o ausencia de programas y políticas sociales que aseguren la atención médica, la educación, la vivienda, el alimento y el agua, debido a que son ellas las principales encargadas de satisfacer dichas necesidades cuando el Estado no lo hace. Lo que lleva a ser víctimas de menoscabo en sus derechos, y al enfrentarse a un proceso jurisdiccional este las revictimice.

Es por lo anterior, que la Escuela Federal de Formación Judicial incorporó el proyecto “Manuales de Actuación”, como instrumento para la capacitación del personal jurisdiccional, con el propósito de que se resuelvan los casos bajo los estándares más actualizados en derechos humanos, y por el otro, contribuyan a la formación especializada en temas esenciales para la impartición de justicia. 

Resultando, en sentencias novedosas y criterios que amplían la capacidad del juzgador para visibilizar esta problemática. No obstante, el gran desafío radica en la implementación efectiva de estas directrices, ya que, en la práctica, muchas mujeres trabajadoras siguen enfrentando barreras para el acceso a empleos bien remunerados y libres de violencia laboral.

Una problemática persistente es la violencia y el acoso laboral. Muchas mujeres se ven obligadas a soportar situaciones de acoso sexual, humillaciones o trato discriminatorio. A través de los procedimientos laborales juzgados bajo un enfoque de perspectiva de género, se espera que estas conductas no solo sean visibilizadas sino también sancionadas con rigor, y que los empleadores implementen protocolos claros para prevenirlas y atenderlas eficazmente. 

En recientes fechas, se han emitido criterios que obligan al juzgador a tomar los hechos constitutivos de un juicio bajo un enfoque que permita entender esas desigualdades y atender las problemáticas propuestas, tal es el caso del despido injustificado en trabajadoras que se encontraban embarazadas, en donde se protege a la operaria, imponiendo una carga probatoria más estricta para el empleador a efecto de acreditar la inexistencia del despido.

Sin embargo es fundamental que el derecho laboral se siga adaptando para incorporar una perspectiva interseccional que reconozca no solo las desigualdades de género, sino también las que se cruzan con otros factores como la clase social, la etnia, la edad o la discapacidad. Solo así será posible diseñar políticas laborales que respondan a las diversas experiencias y necesidades de las mujeres.

En conclusión, aunque el sistema jurídico en materia laboral ha dado pasos importantes para incorporar la perspectiva de género en su legislación laboral, la desigualdad sigue siendo una realidad que limita el desarrollo pleno de las mujeres y afecta la justicia social. Es urgente transformar no solo las leyes, sino también las prácticas, las instituciones y las actitudes para construir un entorno laboral verdaderamente inclusivo y equitativo. Solo así se podrá garantizar que el derecho laboral deje de ser un instrumento que reproduce desigualdades, para convertirse en una herramienta de cambio social y de reconocimiento efectivo de los derechos de todas las personas, sin importar su género.

*El contenido de este artículo es publicado bajo la responsabilidad de su autora y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.

Referencias:

Montalvo Romero, Josefa. (2020). El Trabajo desde la Perspectiva de Género. Revista de la Facultad de Derecho, (49), e106. Epub 01 de noviembre de 2020.https://doi.org/10.22187/rfd2020n49a6

Zabludovsky, Gina. (2007). Las mujeres en México: trabajo, educación superior y esferas de poder. Política y cultura, (28), 09-41. Recuperado en 04 de junio de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422007000200002&lng=es&tlng=es.

Manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral / coordinadora Estefanía Vela Barba ; esta obra estuvo a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ; presentación Ministro Arturo Zaldívar. -- Primera edición. -- Ciudad de México, México : Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021.