En México millones de personas siguen fuera del sistema financiero formal, en especial las mujeres. Según el Global Findex 2021, el 27% de la población adulta en América Latina no tiene una cuenta bancaria, aunque el acceso ha mejorado en la última década, una de cada dos mujeres sigue sin tener una cuenta de ahorro, y sólo el 11% ha solicitado un crédito formal (Banco Mundial, 2021). Esto significa que miles de mujeres continúan dependiendo del efectivo, el crédito informal o redes familiares, lo que limita enormemente tanto su independencia económica como su capacidad para planificar a largo plazo y generar su propio patrimonio (El Economista 2022).

Dentro de los principales obstáculos para ser parte del sistema financiero, se encuentran (i) la dificultad de comprobar ingresos y (ii) la falta de documentos de identificación. Muchas mujeres no cuentan con documentación oficial a su nombre, como comprobantes de domicilio o títulos de propiedad, debido a costumbres, dependencia económica o discriminación estructural. En zonas rurales de México y América Latina, por ejemplo, los servicios suelen estar registrados a nombre del esposo o padre, dificultando que las mujeres cumplan con requisitos KYC para abrir cuentas (Política Nacional de Inclusión Financiera, CNBV, 2023). 

Este ambiente excluyente provoca que las mujeres se mantengan alejadas de productos financieros como nóminas y cuentas de ahorro, por lo que recurren a estrategias informales para ahorrar su dinero, como lo son las tandas, el ahorro de efectivo dentro del hogar, o préstamos entre familiares o amigos, mientras que los hombres suelen acceder con mayor frecuencia a productos financieros formales. De acuerdo con estadísticas del INEGI (Mujeres en el sistema financiero, Deloitte México, 2023), los hombres tienen mayor acceso que las mujeres a tarjetas de crédito bancarias, créditos hipotecarios o automotrices, entre otros, y los únicos tipos de crédito en los que predominan las mujeres son las tarjetas departamentales o de autoservicio(Boletín INMUJERES, 2022). 

A esto se suma el hecho de que el 19% de la población adulta en México aún no tiene acceso a internet, lo que limita la adopción de servicios fintech, especialmente en zonas rurales. La falta de conectividad impide a un segmento importante de la población acceder a servicios financieros digitales.

En respuesta a estas brechas, algunos países han comenzado a implementar medidas regulatorias un poco más incluyentes. En India, por ejemplo el Banco Central simplificó los requisitos para la apertura de cuentas de bajo saldo (Business Standard 2025).

Además el sistema financiero se ha diversificado. Los bancos tradicionales ya no son los únicos actores en el sistema financiero. La expansión de servicios por parte de fintechs, ONGs, minoristas, plataformas de e-commerce y empresas de telecomunicaciones ha mostrado ser más accesibles a las necesidades locales. Por ejemplo las fintechs normalmente ofrecen productos de crédito y ahorro diseñados para trabajadores informales o independientes (Disrupción para la inclusión, Deloitte, 2021). Otro ejemplo son las empresas de telefonía, las cuales han facilitado transferencias y pagos digitales sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional.

Por ello, es fundamental promover una educación financiera con enfoque de género y fomentar el diseño de productos financieros adaptados a las necesidades específicas de las mujeres, especialmente aquellas que tienen emprendimientos o son trabajadoras del hogar. Muchas mujeres emprenden por necesidad, pero sin acceso a financiamientos, actualmente, cerca de 130 millones de mujeres lideran empresas consolidadas, según datos de Global Entrepreneurship Monitor, lo que demuestra la urgencia de crear entornos financieros más inclusivos y accesibles.

En este contexto, es importante reconocer que la inclusión financiera con perspectiva de género debe considerarse también con un enfoque interseccional, ya que, no todas las mujeres enfrentan las mismas barreras. Las mujeres indígenas, migrantes, de bajos recursos o con discapacidad se encuentran en situaciones de desventaja aún mayores, enfrentando una exclusión más crítica respecto a los servicios financieros formales. La falta de documentación, barreras lingüísticas, discriminación agravan más estas brechas (ONU Mujeres, 2022). Por esto, es fundamental que las políticas públicas y los productos financieros contemplen estas diferencias y se diseñen criterios diferenciados que respondan a las distintas realidades. 

La inclusión financiera debe entenderse como una herramienta esencial para combatir la desigualdad y fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Para poder lograrlo, se requiere de una regulación legal con perspectiva de género. La inclusión no solo implica acceso, sino también condiciones justas, productos adecuados y una regulación que proteja sin excluir. En este sentido, desde nuestra posición, en Aurea Partners, contribuimos activamente a la promoción de una inclusión financiera más equitativa mediante la participación en foros especializados, el impulso del diálogo entre actores clave del sector y la visibilización de iniciativas regulatorias con enfoque de género. Además, fomentamos el desarrollo y posicionamiento de fintechs como aliadas estratégicas para cerrar las brechas de acceso y ofrecer soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades de las mujeres. 

*El contenido de este artículo es publicado bajo la responsabilidad de su autora y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.