Tener un empleo debería ser suficiente para vivir con dignidad. Sin embargo, en México muchas personas trabajan tiempo completo y, aun así, no pueden acceder a una vivienda propia, ni siquiera a una renta segura. Esta realidad no solo es frustrante, también es una señal clara de que algo no está funcionando como debería. 

En febrero de 2025 se publicó una reforma importante a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo. El objetivo es que la política de vivienda tenga una visión más social, es decir, que esté pensada realmente para apoyar a las personas trabajadoras y no solo para quienes tienen altos sueldos o antigüedad laboral. Entre los cambios que se hicieron, destacan: permitir nuevas formas de acceso a vivienda como el arrendamiento social, fomentar la construcción con enfoque local para generar empleos y mejorar los procesos internos del Infonavit para que haya más transparencia.

Estas reformas son un paso positivo, pero no son suficientes si no se toman en cuenta las realidades de muchas trabajadoras y trabajadores. Por ejemplo, en México, el 55% de las mujeres trabajan en la informalidad(1).  Eso significa que no están registradas en el Seguro Social ni tienen acceso a créditos del Infonavit. Incluso aquellas que sí están registradas enfrentan otras barreras: ganan, en promedio, un 14.4% menos que los hombres, y al final de su vida laboral, su pensión será casi 42% más baja(2).

A esto hay que sumarle que muchas mujeres interrumpen sus trayectorias laborales por temas de maternidad o cuidado familiar, lo que también afecta su capacidad para acceder a una vivienda. El sistema actual no ha sido diseñado pensando en estas situaciones, y por eso seguimos viendo cómo las mujeres quedan en desventaja.

Es urgente que entendamos el trabajo y la vivienda como derechos que deben ir de la mano. No basta con tener un empleo, ese empleo debe abrir la puerta a una vida estable, segura y digna. Eso incluye poder acceder a una vivienda adecuada, en condiciones justas y con reglas claras.

Desde mi experiencia como abogada laboralista, he visto cómo el acceso a la vivienda mejora radicalmente la vida de una persona: da seguridad, arraigo y tranquilidad. También es una herramienta para reducir la desigualdad y cerrar brechas históricas, sobre todo en sectores vulnerables. Las personas que tienen una casa o un hogar estable pueden proyectar su vida con más certeza. En cambio, quienes viven al día en temas de vivienda suelen enfrentar mayores niveles de estrés, inseguridad y dificultades económicas.

Además, es importante hablar del impacto que este tema tiene en las nuevas generaciones. Muchas personas jóvenes, incluso con estudios universitarios y empleos formales, enfrentan hoy enormes dificultades para independizarse o adquirir un patrimonio. La combinación de salarios bajos, falta de antigüedad y encarecimiento de la vivienda ha creado una generación que trabaja mucho, pero no puede construir una vida con certeza.

Esto también afecta directamente el desarrollo económico de las comunidades. Cuando las personas no pueden acceder a una vivienda cerca de su trabajo, se ven obligadas a trasladarse grandes distancias, lo que afecta su salud, su tiempo con la familia y su productividad. Por eso, pensar en vivienda digna también es pensar en ciudades más humanas, en empleos más sostenibles y en bienestar colectivo.

Por eso es tan importante que el Estado, las empresas y la sociedad en general reconozcan este vínculo. Necesitamos políticas públicas que impulsen empleos formales con seguridad social, programas de vivienda accesibles y mecanismos flexibles que consideren las diferentes realidades laborales, como el trabajo por honorarios, el autoempleo o los esquemas temporales.

El reto es grande, pero no imposible. Un país donde se trabaja mucho pero no se puede vivir con dignidad, no es un país justo. Y eso es justamente lo que debemos cambiar.

*El contenido de este artículo es publicado bajo la responsabilidad de su autora y no necesariamente refleja la posición de Abogadas MX.

Referencias:

(1) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2023.

(2) Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 2022.